Narcotráfico

El narcotráfico debe comprenderse como una forma de organización, que tiene como finalidad la conquista del territorio, para poder producir, vender y distribuir la droga (Emmerich, 2015). Ese territorio, que el narcotráfico intenta conquistar es social, económico, político y cultural.

El narcotráfico es una actividad económica inserta en la delincuencia organizada, con capacidad propia a nivel financiero y de operación, que a nivel mundial resulta un gran desafío. Específicamente en América Latina que, por las condiciones sociales, económicas y políticas de la región es donde más proliferación ha tenido este negocio.

Tal como señalan García y Hurtado (2013), este negocio no atenta contra la economía del mercado, tampoco tiene la intención de acabar con esto. Lo que intentan es hacer uso de las estructuras democráticas y de internacionalización para poder progresar a nivel económico y político. Este tipo de negocio hoy día tiene relación con otros ámbitos de la delincuencia organizada tales como: extorsión, secuestro, trata de personas, trafico de personas y armas, entre otras.

Este negocio es considerado por Benítez (2012) como la principal actividad de crimen organizado en el mundo. El problema de esto radica en que el crimen organizado tiene carácter trasnacional, y supone una amenaza a la hora de preservar la seguridad nacional y democrática de los Estados.

Lo anterior, se debe a la capacidad que tiene para generar recursos a nivel financiero, lo que a la vez le da insumos para poder enfrentar a los Estados si fuese necesario, a la misma vez que puede corromper a la sociedad y a su tejido social (Aguilera, 1995).

Esta actividad tiene capacidad para insertarse en las estructuras sociales y políticas de los diferentes países involucrados. Resulta ser una fuente de financiamiento para determinadas actividades criminales involucradas en su gran mayoría en el crimen organizado; tiene impacto social y económico en la población, siendo un espacio ideal para que proliferen otras actividades ilegales (Pontón, 2013).

Además, que “[…] la consecuente infraestructura criminal del narcotráfico se pone al servicio de otras actividades ilegales, lo cual, en el competitivo y violento mundo de las economías criminales, les brinda ventajas comparativas de protección mafiosa y reproducción económica” (Pontón, 2013, p. 136).

Para algunos países de América Latina tales como México, Colombia, Centroamérica y en especial en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y el Salvador), el refuerzo de los Estados en el ámbito de la seguridad para el combate del narcotráfico resulta una prioridad (García y Hurtado, 2013).

Sin embargo, y rescatando a Emmerich (2015), hay que tener en consideración que el narcotráfico no se puede considerar solamente un conflicto en el ámbito de la seguridad, sino también un problema que se configura a nivel político.

Específicamente dentro del narcotráfico, el tráfico de drogas resulta ser el negocio ilegal que mayor capacidad económica tiene internacionalmente.

De acuerdo con Pontón (2013), es en este espacio donde “las estructuras sociales, políticas y económicas de los países afectados por tales organizaciones” (2013, p.137) establecen su adquisición económica.

El ejercicio de lograr generar una relación directa entre narcotráfico y tráfico de drogas, para autores como Emmerich (2015), “es etimológicamente correcto, ontológicamente equivocado y políticamente inútil” (p.35).

De acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en el año 2005, el negocio del narcotráfico tenía la capacidad de manejar aproximadamente 320 000 000 de dólares anualmente. Haken (2011), añade que esto la instauran como la principal actividad económica criminal en el mundo, superando diez veces a los montos que genera anualmente el tráfico de personas.

Sin duda, el fenómeno del narcotráfico tiene mucho poder, que se puede manifestar en los diferentes ámbitos de la vida social, tanto por su capacidad de autogestión, como por su capacidad de reproducción en el sistema económico.

Hay que tomar en consideración que el narcotráfico está inserto en el modelo económico que rige, en la actualidad, el sistema capitalista, el cual se desarrolla como una nueva forma de mercado. Basándose en la acumulación del capital y en la competencia (Etxezarreta, Fernández y Sáez, 2001).

Este tipo de capitalismo, para autores como Busqueta e Iglesias (2008) se compone de estrategias de poder económico que permiten controlar la gran mayoría de las actividades económicas a nivel mundial, así como altas cantidades de riqueza. Para poder operar hacen uso de pequeñas y medianas empresas y de aquellas personas que trabajan por cuenta propia, reduciendo de esta forma la forma de actuar de los cuerpos de seguridad.

Para abrirse campo en el mercado, el narcotráfico se ha insertado en la vida cotidiana de las personas, materializando a estas y a sus necesidades haciendo uso de estrategias legales y/o no legales, con la finalidad de poder acumular capital (Etxezarreta, Fernández y Sáez, 2001).

La posición que ocupa el narcotráfico en el crimen organizado ha dado lugar a que se reconfigure el orden mundial. Y ha configurado bases para poder convertir lo ilícito en licito, y así permitir el desarrollo del narcotráfico.

Esto ha supuesto el repensar las formas de producción, de intercambio y de mercadeo de las sustancias ilícitas que, desarrolladas paralelamente con estrategias propias del sistema capitalista, lo hacen percibir legal. En esta forma de mercado, la droga ilegal se considera mercancía, y adquiere valor tras la regulación de la oferta y demanda (Oprinari, 2011).

Para autores como García de Teresa (2011) el narcotráfico forma parte de la división del trabajo que comienza a desarrollarse antes del siglo XX. En donde, la producción de la materia prima se cultiva y lleva a cabo en países considerados del “tercer mundo”; y la comercialización y venta de estos se distribuye desde países industrializados.

Kaplan (1993), considera que este negocio a parte de reproducir los mecanismos del sistema capitalista, también perpetua la brecha existente entre países industrializados y los que están en vías de desarrollo. Un claro ejemplo de esto, de acuerdo con Kaplan (1993) es como el primer grupo son quienes consumen y organizan el negocio, y el segundo grupo son vistos como los subordinados del negocio, encargados de la producción y el intercambio.

En la actualidad, el auge de los países latinoamericanos como principales actores encargados de la producción, la exportación y el trasiego de drogas, se debe al excesivo control y represión que el mercado de drogas ha tenido en Norteamérica a finales de los 60´s; aunado a la proliferación de problemas sociales, producto de la desigualdad y la pobreza de esta región.

El combate del narcotráfico ha llevado a idear nuevas formas para poder desarrollar sus actividades, lo que implica el involucrar a otros actores en el negocio y con ello, la explotación de sus recursos y materia prima.

Ejemplo de lo anterior es el auge del negocio en México, en donde las políticas criminales, lejos de cumplir su cometido, incentivaron el audio de las economías y mercados de drogas (Morales, 2011).

La aceptación del narcotráfico en estos espacios está aunado a la perdida de legitimidad de los Estados, ante las consecuencias del neoliberalismo y el fracaso de los diferentes países en el combate de las drogas.

Cuando hay regiones de países que son invisibles ante los ojos del Estado, cuando la intervención del orden publico en estas zonas solo se da para perpetuar el castigo y no se pueden asegurar recursos básicos considerados derechos humanos. La figura estatal se debilita y pierde con ello toda legitimidad (Delmas, 1996).

La desigualdad económica, y la escasa respuesta institucional por parte de los Estados de los países denominados “del tercer mundo” ha hecho, que el narcotráfico se inserte en las actividades cotidianas de gran parte de la ciudadanía, satisfaciendo necesidades que a nivel Estatal no se pueden satisfacer.

Esto responde a la crisis del sistema de acumulación de capital, la aplicación de políticas de carácter neoliberal y la sustitución del modelo de importaciones (Solís, 2013).

Lo anterior, provoca que los Estados pierdan legitimidad en materia económica y con este las instituciones que lo constituyen. Habermas (1973) denominaría a la perdida de legitimidad del Estado de Bienestar como “la Crisis de legitimidad del Estado Contemporáneo” (p.86).

Esta falta de legitimidad por parte de los Estado no se puede resolver, perpetuando las condiciones que han hecho que el Estado deje de intervenir en la economía nivel nacional. Ejemplo de esto es México, donde la actitud de rechazo hacia la figura estatal ha hecho que una gran parte de la población valore la droga como una economía para poder satisfacer necesidades y mejorar sus condiciones de vida, aun cuando el desenlace de esto pueda acabar en muerte o cárcel. Estas acciones legitiman el narcotráfico y a su vez, propician que se debilite el tejido social (Solís, 2013).

Como se venía diciendo, la pérdida de legitimidad y de intervención de los Estados en los mercados nacionales, ha traído consigo que parte de la ciudadanía haga uso del narcotráfico y de la económica que subyace de esto, como una salida para poder alcanzar mejores condiciones de vida y satisfacer necesidades básicas (Solís, 2013); o, por el contrario, como una estrategia por parte de los mismos Estados para obtener poder político y económico, en el caso de los narco-estados.

Para autores como Emmerich (2015), el narcotráfico no podrá ser desplazado mientras socialmente se vea como una solución a la desigualdad económica, brindando respuestas inmediatas y simples a sus necesidades. Por ende, la lucha contra el trafico nunca logrará a ser exitosa, porque para la población esto es más legitimo que las soluciones burocráticas de los Estados.

Esto constituye lo que Solís denomina “caldo de cultivo”, es decir, es lo que da pie a una sociedad y a gobiernos con una alta incidencia por parte del narcotráfico y de las organizaciones que lo constituyen (Solís, 2013, p.8).

 

Las consecuencias de esta actividad inciden en la vida cotidiana de aquellos grupos en condición de vulnerabilización social, a partir del desempleo, la desigualdad y aumento de la pobreza.

Solís (2013), mencionaba que en países subdesarrollados en donde hay altos índices de pobreza y donde la desigualdad aumenta de forma exponencial, el desarrollo de estos mercados legitima la actividad del narcotráfico.

Tal como se venía mencionando, el impacto que tiene este tipo de delincuencia organizada está relacionado con el nivel educativo y cultural de las diferentes poblaciones, con la pérdida de valores que pueden llegar a caracterizar a la sociedad, y con otros factores, como los ya mencionados: desempleo, pobreza, entre otras (García y Hurtado, 2013).

Rescatando a Ávila y Pérez (2011), para que un negocio ilegal pueda proliferar debe existir una demanda de los bienes o servicios que se ofrece, y esa demanda debe de ser de tanta magnitud que los beneficios que provoquen adquirirla superen las consecuencias que genere el comprarlas.

Sin embargo, no sólo es necesario que exista una demanda si no, también actores que estén dispuestos a hacer caso omiso a las leyes y todos los controles que los Estados puedan establecer para combatir el negocio (Pónton y Rivera, 2011).

Esto implica para muchos de los actores hacer un balance que evalúe los pros y los contras que tiene el involucrarse en el narcotráfico.

Aunque a nivel estatal el negocio resulte una actividad ilegal que de alguna u otra forma daña a la economía nacional de estos países, para aquellas personas que tienen necesidades consideradas básicas insatisfechas, el satisfacerlas resulta una prioridad. Por ello se buscan estrategias y formas para poder obtener medios económicos que permitan la satisfacción de necesidades, aunque esto provoque tener que involucrarse en actividades ilegales (Ciro, Fernández, Gärtner, Mejía y Vergara, 2002).

“Las personas privadas de libertad por “narcomenudeo” por ejemplo, constituyen generalmente el eslabón más débil de las redes ilícitas, así como las más expuestas a la represión del Estado” (Villegas, 2018, p.5).

Con lo anterior, los colectivos más vulnerables, involucrados en el negocio por necesidad son quienes reciben el castigo y la represión del Estado (PND, 2014).

Ejemplo de esto, son las mujeres que en América Latina están privadas de libertad por delitos vinculados al narcotráfico. En investigaciones como la de Palma (2011), se ha logrado ver que para estas mujeres el narcotráfico fue una salida para satisfacer necesidades básicas, que les ha permitido “mejorar” su calidad de vida y las de su familia.

Para estas mujeres el involucrarse en el negocio es un escape cuando se encuentran entre la pobreza y la miseria. Debe leerse como una estrategia de sobrevivencia, como una economía más de carácter informal, como consecuencia de la exclusión social, económica y cultural que sufren ellas y sus familias (Palma, 2011).

Para este grupo en específico, el negocio es una necesidad, una estrategia de sobrevivencia. Esto no justifica la comisión del acto delictivo, tampoco intenta motivar a que la gente tenga una excusa y opción rápida para solucionar sus problemas financieros. Lo que se intenta es visibilizar la otra cara del fenómeno, y llegar a cuestionarse si la forma y lo que se está haciendo para combatir el fenómeno está bien y si quienes sufren las consecuencias, son quienes deberían sufrirlas.

En el caso de las mujeres, por poner algún ejemplo, que introducen droga a centros penales, que se involucran en el negocio por necesidad o por cuestiones relacionadas a la violencia de género, representan el eslabón más débil del sistema del narcotráfico.

A nivel Estatal, al formular políticas públicas de combate frente al narcotráfico no se toman en consideración que existen dos grupos de “traficantes”: el primero de ellos hace referencia a aquellos que asumen el negocio como su estilo de vida y el segundo, siendo un grupo más amplio, son quienes están en el trafico por adicción o por necesidad económica. Normalmente, el grueso de las detenciones y de la represión, recae sobre el segundo grupo (Del Olmo, 1992).

Muchas de las personas detenidas y sentenciadas no se involucran en las grandes ligas del negocio, se consideran “el eslabón más débil”. El eslabón más débil en la cadena suelen ser personas que pueden llegar a ser reemplazadas con mucha facilidad.

  A nivel de Estado, no existe conciencia de las causas que hacen que este negocio emerja, ni por qué muchos grupos sociales lo legitiman. Es decir, no se lee el narcotráfico y específicamente “el delito de tráfico de drogas” dentro del contexto en el que acontece.

Esto de acuerdo con Villegas (2018) se da porque el narcotráfico se ve como un delito, que es necesario de erradicar. El termino se reduce a elementos jurídico-normativos que dan pie a estrategias políticas y legales de carácter prohibicionista que castigan y reprimen el negocio.

“Es la intención de este apartado mostrar el narcotráfico como una actividad económica empresarial más dentro de la economía capitalista. Ahora bien, la intervención que realizan los Estados por la vía de políticas prohibicionistas y represivas hacen que este se muestre como una forma de una economía ilícita, que condiciona no sólo los movimientos de mercado, sino también la forma en que moldea las relaciones sociales de manera de hacerlas funcionales a la acumulación de ganancias, la legitimación de sus actividades económicas en su entorno de operación, la sobrevivencia del negocio y de sus integrantes, así como el carácter particular que asume la burguesía que surge de esta economía ilícita” (Villegas, 2018, p.35).

Tal como se venía señalando, el peso punitivo para erradicar el narcotráfico está enfocado en los sectores populares de la sociedad, quienes se encuentran al final de la cadena de producción y que por ende son fácilmente sustituibles.

De manera que las estrategias de combate y de lucha por la seguridad de los Estados no tienen un impacto a largo plazo, se han dedicado a repoblar las cárceles y colapsar los sistemas de justicia penal, sin atacar lo que verdaderamente constituye el negocio como tal (Transnational Institute y Washington Office on Latin America, 2011).

Para Emmerich (2015), “la guerra” al narcotráfico, se puede llegar a traducir como, una guerra contra quienes representan la pobreza y la desigualdad. Contra quienes son y han sido históricamente excluidos y cuestionados: personas desempleadas, adictas, los jóvenes, personas con baja escolaridad, entre otros.

Esto por muy utópico que parezca, implica la búsqueda de soluciones que impidan que el narcotráfico sea una estrategia para las personas que se involucran en este, implica un cambio de paradigma y de sistema económico y de los métodos utilizados para combatir el fenómeno. Por ello, de acuerdo con lo que estableció la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD) en el año 2014, el abordaje de la problemática debe ser sistemático y con objetivos prácticos. Puesto que se ha comprobado que la lucha militar, ha sido un fracaso en países como Colombia Y México.

Lo anterior requiere que los esfuerzos de los Estados para combatir la guerra contra el narcotráfico se centren en los elementos que están detrás del tráfico y no en los elementos o actores más visibles de este (Comisión Global de Políticas de Drogas, 2014).

Autores como Romaní (2003), consideran que las políticas públicas enfocadas en la reducción del daño, unidas a estrategias de intervención enfocadas a la seguridad humana y no tanto al paradigma de la seguridad ciudadana, podrían llegar a tener incidencia y resultados en esta lucha.

Esto implica que la intervención que se haga desde los Estados para salvaguardar la seguridad procure buscar y velar el bienestar de la población.

Eso implica que los Estados aseguren el cumplimiento de los derechos que tiene la ciudadanía ¿Cómo? Mediante una buena gobernabilidad. Mediante un enfoque de Seguridad Humana, la estrategia es esa garantizar a la población el derecho a tener derechos (Rojas, 2002).

Desde este enfoque hay que trabajar la prevención, tomar medidas que ayuden a disminuir las condiciones que hacen a las personas más vulnerables. (Fernández, 2005). Con ello, las condiciones que hacen y propician que algunas personas se involucren en el negocio por necesidad, lo que implica reducir la desigualdad de los países, el desempleo y la violencia.

La seguridad humana de los ciudadanos debe ser una prioridad para todos los gobiernos, pero la forma de garantizar esa seguridad depende de cada contexto y de cada realidad. Sin embargo, el objetivo es común para todos, garantizar el ejercicio libre de los derechos humanos.

Tal como se ha podido observar el narcotráfico es un tema complejo, en el que confluyen numerosos intereses. Los cuales se pueden ver materializados en el espacio económico, político, social y cultural.

La incidencia que este tiene a nivel mundial hace replantearse los mercados, la libertad de comercio y con ello las estrategias que se puedan llegar a utilizar para combatirlo.

Los países más desfavorecidos, aquellos que sufren las consecuencias del sistema capitalista, y de las políticas neoliberales, son quienes se encuentran en desventaja frente al narcotráfico. Los Estados entonces se ven una encrucijada entre la lucha por acabar con el fenómeno, o poner a salvo a la ciudadanía.

Las estrategias que se han tomado, lejos de poner a salvo a los ciudadanos, ha desatado una guerra entre los países y el espacio criminal.

Las consecuencias directas han recaído sobre la ciudadanía, con el aumento de la violencia y el descuido de otras áreas consideradas como fundamentales para el ejercicio de una vida plena. Ejemplo de esto es, México, Guatemala, el Salvador, Colombia, Costa Rica, entre otras. Países que impulsados por las políticas prohibicionistas y de control de los Estados Unidos, ven como día a día, sus países se hunden en el fenómeno. Y ya no sólo con la violencia que se ha generado en estos Estados, sino con el terreno que el negocio gana en la vida cotidiana de muchos sectores y con la perdida de legitimidad de sus estados.

La inserción del narcotráfico en la vida cotidiana para muchos sectores implica el poner en juego su libertad, su seguridad y su integridad física. Sin embargo, también conlleva poder satisfacer necesidades a las que el Estado no llega a dar respuesta.

La búsqueda de soluciones frente a este combate debe incluir el poder hacer frente a los problemas sociales que resultan caldo de cultivo para el negocio.

Esto implica, un cambio de paradigma, de pensamiento y de políticas públicas. Donde el objetivo no sea combatir el narcotráfico de forma directa, sino lo que permite en estos países que el negocio prolifere.

Crimen organizado

Se entiende por crimen organizado, por los actos cometidos por una organización constituida por más de una persona, motivadas por la comisión de delitos, que son llevados a cabo de forma paulatina y permanente en el tiempo. El objetivo final de un grupo organizado es que a partir de los actos criminales se obtengan beneficios, ya sean económicos y/o políticos. Algo que caracteriza al crimen organizado es la planificación y premeditación que hay detrás de cada uno de los hechos que cometen (Jiménez, 2015).

 

Narcomenudeo

Se considera al narcomenudeo como un fenómeno a partir del cual se comercializa la droga. Se caracteriza por la forma en cómo se distribuye la droga, como se monetiza y como se consume.

Bajo la lógica de este fenómeno, la droga se distribuye en el espacio público y privado, a partir de la transacción de droga a pequeña escala entre el comprador y el vendedor. La transacción se caracteriza por ser monetaria, sin embargo, también puede darse por medio del trueque de bienes y/o servicios. Por otro lado, del intercambio producido se espera que el estupefaciente satisfaga la necesidad de adicción que pueda llegar a provocar o económica, esto va a depender del motivo que lleve a la persona a involucrar en el negocio (Cortés y Parra, 2011).

 

Tráfico de drogas

El tráfico de drogas es el negocio que más rentabilidad económica le crea al narcotráfico y el principal aval económico del crimen organizado. A diferencia del narcomenudeo, además de caracterizarse por una transacción de venta de estupefacientes, también incluye el cultivo, transporte y en algunos casos la tenencia de drogas. En este caso, a una escala que sea superior a la considerada como consumo propio (Expósito, 2015).

A nivel penal el trafico de drogas, se considera como un delito que atenta contra la salud pública (Exposito, 2015) afectando no solo a quienes son consumidores de droga, si no a toda la comunidad, dejando consecuencias en esta a nivel social, económico y político.

 

Economías ilícitas

Se entiende como economía criminal como aquella economía que produce y comercializa con bienes y servicios de carácter ilegal, considerados como crímenes. Se considera como una rama de la economía informal. La diferencia de la economía criminal o ilícita de la económica licita, es el carácter legal del bien o servicio (Silva de Sousa, 2014).

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