Jóvenes extutelados

El hecho de ser tutelado por la Administración Pública, es vivido de una forma negativa e incluso traumática, pues supone en la mayoría de los casos una separación del medio familiar, que más o menos válido, ha sido su único referente hasta ese momento. A partir de ese momento, el menor tiene que aprenderlo todo desde cero. Establecer vínculos, confiar en nuevos referentes adultos desconocidos, descubrir la exclusión que conlleva la etiqueta “niño de Centro”, aceptar su situación familiar y en la mayoría de los casos, intentar hacer un proyecto de vida sin apoyos. A grandes rasgos, esta es la situación en la que se encuentra el colectivo de jóvenes que, de un día para otro se convierten en adultos, manteniendo las mismas carencias y necesidades que tenían el día anterior, cuando aún se les consideraba menores y les cobijaba un amplio mapa de derechos y recursos.

En España contamos con 30.171 menores tutelados,  más de 3.500 próximos a la emancipación y más de 5.000 extutelados en proceso de emancipación (FEPA, 2014).

Antes de profundizar en el término “Jóvenes extutelados”, es necesario conocer las diferentes situaciones que pueden causar desamparo por parte de la familia y las diferentes figuras de protección llevadas a cabo por la Administración.

Generalmente, la guarda y custodia de los niños y jóvenes es asumida por el estado al tener constancia de diversas situaciones del hogar que ponen en riesgo la integridad física y psicológica del menor, por ejemplo, en casos de maltrato físico, negligencia grave o abusos sexuales por parte del entorno familiar (Badeau y Gesiriech, 2004); abandonando el hogar familiar como medida de protección y pudiendo vivir, bien en centros o en casas de acogida, que suponen una alternativa a las instituciones de la Administración y permite mantener una experiencia de vida familiar en un ambiente positivo y donde se vela por la salud e integridad del menor (Rosser, 2011).

Las distintas figuras de protección al menor se establecen en cada caso en función del motivo y las circunstancias por las que se haya abierto el expediente tutelar (Alemán Bracho, 2014). Así se describen las siguientes:

• Tutela: figura de protección estable en situaciones en las que el menor se encuentra en situación de desamparo. Se establece por resolución judicial y se atribuye al tutor la guarda y los bienes materiales del menor al que se tutela y sustituye su capacidad de obrar.
• Curatela: en este caso no se sustituye la capacidad de obrar del menor sino que la asiste y complementa, también se establece por decisión judicial.
• Guarda administrativa: institución que asume la protección del menor en expedientes en los que se refleje un riesgo grave para la integridad física y mental o incluso para la vida del menor. Así se evita que éste se exponga a situaciones inestables que repercutirán en su desarrollo. En este caso, se retira la patria potestad a los padres.
• Acogimiento familiar: en esta situación, el menor no dejaría de pertenecer a su familia (es decir, no se retira la patria potestad a los progenitores) pero empezaría a convivir con una familia de acogida. A este respecto se establecen tres tipos de acogidas.
  • Simple, o de carácter temporal.
  • Permanente
  • Preadoptivo, o periodo de adaptación del menor a la familia que se propone adoptarlo.
• Acogimiento residencial: si no puede llevarse a cabo un acogimiento familiar.

Por otra parte, una de las políticas actuales a nivel del territorio nacional consiste en potenciar la reunificación familiar desde los centros y hogares de protección, las medidas llevadas a cabo para alcanzar este propósito pueden resumirse en los siguientes puntos:

– Trabajar en el mantenimiento de los lazos familiares, siempre y cuando no exista riesgo para el menor y se satisfagan sus necesidades básicas. Así, el tiempo de permanencia del menor en un centro de acogida sería el mínimo necesario, pudiendo regresar al hogar familiar.

– Capacitación de los progenitores para ejercer el rol parental de manera adecuada.

– Minimizar el riesgo de desprotección para que éste no vuelva a aparecer en el futuro.

– Trabajar sobre las secuelas emocionales producidas en el menor como consecuencia de este proceso vivido.

Estos puntos establecidos precisan para su consecución adecuada de un correcto funcionamiento del engranaje definido por los profesionales implicados en este proceso, desde el ámbito jurídico al asistencial, pasando por los educadores y cuidadores que se encargan del menor durante el tiempo de tutela por parte de la Administración.

Es importante conocer algunos datos estadísticos sobre los menores tutelados en España para conocer la totalidad de jóvenes que se ven expuestos a situaciones propicias al desamparo por parte de la Administración una vez han alcanzado la mayoría de edad.

A nivel nacional, los datos de tutela por parte de la Administración arrojan unas cifras anuales, más o menos estables durante los últimos diez años de en torno a 30.000 niños tutelados, de los cuales, cerca de 3.000 cada año se encuentran próximos a la emancipación y en torno a los 5.000 son jóvenes extutelados en proceso de emancipación (FEPA, 2014). Tratándose de datos tan elevados, es necesario el establecimiento a nivel nacional de mecanismos favorecedores de la autonomía de los jóvenes que no cuentan con un apoyo familiar, para el proceso de emancipación. En la Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos (FEPA) se lleva trabajando durante los últimos años para la consolidación de una serie de centros e instituciones repartidas por todo el territorio español, que transmitan una serie de valores para el desarrollo personal, social y laboral de los jóvenes tutelados y extutelados. Entre estas acciones de apoyo, la FEPA cuenta con una serie de pisos asistidos, profesionales de distintos ámbitos y proyectos de apoyo que atienden, en el 70% de los casos, a jóvenes mayores de edad, generalmente chicos (70%). Las figuras 1, 2 y 3 muestran la actividad y situación económica de los jóvenes emancipados residentes en estos pisos.

De los jóvenes emancipados que se encuentran en etapa lectiva,  el 48%  cobra alguna prestación pública, el 8% obtienen beca por los estudios y el 44% tiene ingresos por trabajar.

Los estudios realizados acerca del uso de los pisos asistidos establece un tiempo medio de permanencia de entre 6 meses y un año, finalizando generalmente de forma satisfactoria al haberse logrado una inserción plena en la sociedad. Se establece el rango de edad de los jóvenes que solicitan y establecen su residencia temporal en estos pisos asistidos entre los 16 y los 21 años (de forma excepcional hasta los 24), jóvenes sin posibilidad de acudir a la residencia familiar pero con necesidad de un referente adulto.

Actualmente, el número de menores tutelados por la administración es muy elevado, entre ellos son muchos los que han cumplido la mayoría de edad  y se convierten en jóvenes ex-tutelados, teniendo que hacer frente a una realidad hasta ahora inexistente para ellos. Sin embargo, por diversas circunstancias, muchos de estos menores deben regresar con la familia que los acogía; otros mendigarán por no tener familia extensa que quiera tenderles la mano.

Estos  jóvenes, considerados adultos por cuestión de alcanzar la mayoría de edad, no están preparados para la independencia. Presentan carencias en cuanto a la autonomía personal y diversas limitaciones económicas y de formación que les permitan obtener y mantener una calidad de vida y una vida digna fuera de la familia de acogida. Son por tanto, características comunes de los jóvenes extutelados:

Nivel formativo bajo o muy bajo: el absentismo escolar, escasa motivación, falta de apoyo y de recursos para la escolarización suelen estar muy presentes en estos perfiles. La baja formación o la ausencia de la misma también es una característica frecuente del entorno familiar de donde provienen. Este hecho es relevante, ya que el nivel educativo tiene un impacto importante en las posibilidades de encontrar empleo y en la remuneración económica (Okpych y Courtney, 2014). Los jóvenes tutelados y extutelados tienen niveles educativos más bajos que los jóvenes no tutelados, y también tienen más dificultades para obtener el diploma en educación secundaria obligatoria (ESO) (Montserrat, Casas, Malo y Bertran, 2011; Sala, Villalba, Jariot y Rodriguez, 2009). Además, los jóvenes extutelados reportan cambios frecuentes de escuela, una falta de espacios adecuados, y poco apoyo escolar en los centros residenciales (Sala, Villalba, Jariot y Arnau, 2012).

Desarraigo familiar: el sistema de protección no garantiza la unidad familiar, muchos de estos jóvenes tuvieron que separarse de sus hermanos por establecerse alternativas diferentes para ellos. Es habitual que estos jóvenes tengan hermanos que permanecen en centro cuando ellos cumplen la mayoría de edad, que han salido en programa de adopción o acogimiento. Un estudio realizado en Cataluña detecta que muchos jóvenes tutelados, cuando llegan a la mayoría de edad, regresan con su familia biológica o extensa (Sala, Villalba, et.al, 2009).

Inserción laboral: la situación actual del mercado de trabajo hace difícil el acceso a un empleo para los jóvenes, situación que se agrava si el nivel de estudios es bajo. Los jóvenes extutelados también tienen más dificultades para lograr un trabajo estable, y muchos de los que trabajan cuentan con trabajos inestables y salarios bajos (Fernández del Valle, Álvarez y Fernanz, 1999; Sala, Villalba et al.,2009; Sala, Jariot et al., 2009).

Estilo de vida marginal: muchos de ellos provienen de sistemas familiares que viven en situación de exclusión social y/o pobreza. Tienen normalizados comportamientos y conductas antisociales.

Experiencias negativas en la infancia: por acción u omisión por parte de sus padres o entorno más cercano. Maltrato físico o psíquico, abandono y abuso sexual son problemáticas comunes en los menores a los que se les aplica medidas de protección.

Vida en institución: desde meses hasta años, han pasado una parte de su infancia en Centros de Protección.

Maternidad adolescente: es también bastante más frecuente entre la población tutelada que entre la población general (Sala, Villalba et al., 2009). Este hecho puede ser explicado en muchos casos por una falta de proyecto de vida claro, por una incursión sexual prematura y por algunos factores culturales (Zarate, Arnau y Sala, 2013).

La investigación constata que los jóvenes que consiguen salir adelante son aquellos que (FEPA, 2014):

• Tienen estabilidad y mantienen la escolarización.
• Cuenta con apoyo institucional al cumplir la mayoría de edad.
• Han tenido experiencias de cuidado satisfactorias en su paso por el centro de protección.
• Tienen una red de apoyo externa y positiva.

Una cuarta parte de jóvenes extutelados depende de los apoyos de servicios sociales, y además, se da la necesidad de reforzar los programas de apoyo de continuidad y transición para estos chicos y chicas al acabar el acogimiento residencial (Álvarez y Bravo, 2014).

Muchos adolescentes tienen problemas en la transición a la vida adulta tras abandonar recursos residenciales. Mientras la edad media de emancipación de los jóvenes en España se sitúa en torno a los 29 años de edad (INE 2015), los/las jóvenes extutelados se ven obligados a afrontar este tránsito de manera abrupta y sin retorno el mismo día que cumplen la mayoría de edad. Mientras los estudios de campo señalan que durante la minoría de edad se deberían abordar estrategia de preparación para la vida adulta desde los Centros de Protección, la ausencia de recursos y la mala planificación inciden de forma contundente, pues estos jóvenes no salen preparados de los recursos y se encuentran un gran vacío en el tránsito a la vida adulta.

Del estudio de la realidad social del colectivo se extraen las siguientes necesidades, que se constituyen como básicas para dar respuesta a la concreta situación del/la joven extutelado/a:

Alternativas de recursos de vivienda: existe una gran escasez de recursos destinados a este fin. Los jóvenes tienen que afrontar la salida de los Centros de Protección asumiendo la dureza de retornar al entorno familiar del que se les protegió durante años por no contar con otro recurso de apoyo. Son muchos los que pasan por recursos destinados al colectivo de exclusión social severa como son las personas sin hogar, o que directamente se encuentran en una situación de calle.

Itinerario educativo: Hay un mayor índice de fracaso escolar entre los jóvenes extutelados. Esto es debido a que las familias de las que provienen dan poca importancia a los estudios y a que desarrollen hábitos de aprendizaje continuados. Cuando los jóvenes tutelados están cercanos a la mayoría de edad, empiezan a dar importancia al hecho de que necesitan una formación básica y adecuada para poder conseguir un trabajo y con ello la autonomía. Con ellos se empieza a trabajar un itinerario educativo basado en el desarrollo de los hábitos de estudio, enfocado a conseguir la Educación Básica Obligatoria, para posteriormente poder acceder a un grado de Formación Profesional. La mayor parte de los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a la universidad tras haber cursado Bachillerato. Esto difiere mucho de las opciones de los jóvenes extutelados, que no cuentan con ingresos ni apoyo económico que pueda solventar los gastos de ir a la universidad. Se hace necesario el apoyo de una figura de referencia que disminuya los déficits escolares adquiridos con anterioridad y aumente la motivación por conseguir el éxito.

Inserción laboral: se trata de proveer de recursos formativos a estos jóvenes para facilitar su inserción en el mercado laboral a través de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral .

Soporte jurídico: nos referimos al asesoramiento y acompañamiento jurídico que precisan los jóvenes extutelados tras abandonar el centro de protección para tramitar cualquier gestión relacionada con el ámbito laboral, sanitario, penal o civil.  Teniendo en cuenta que mientras han estado bajo la tutela de la Administración, todas estas gestiones han sido solventadas por sus Educadores, se hace necesario un acompañamiento flexible e individualizado hasta que puedan conseguir la plena autonomía.

Vinculación familiar: la mayoría de los jóvenes tutelados no tienen una buena relación con sus progenitores o con la familia extensa. Estas relaciones se han dado en el centro bajo supervisión una vez por semana o quincenalmente. Cuando llega el momento de la emancipación, muchos de ellos no saben cómo afrontar la relación con su familia; otros serán utilizados por sus propios progenitores para obtener algún beneficio económico. El acompañamiento de una persona adulta de referencia ante esta problemática hace posible el mantenimiento de relaciones sanas con la familia si es adecuado para el bienestar del jóven.

Red de soporte social y de ocio y tiempo libre: si tan importante en el proceso de emancipación de los jóvenes extutelados es encontrar un trabajo y contar con un espacio propio para vivir, también lo es crear una red de apoyo social en la que poder desarrollar relaciones sanas entre iguales y disfrutar de su tiempo libre. Estos jóvenes necesitan sentirse integrados en un grupo de iguales donde no sean etiquetados como “niños de centro”.

El proceso de emancipación se define como “la transición de una situación de protección a una situación de autonomía” (FEPA, 2014, p. 9) y se trata de un proceso dinámico y personal donde el joven es el protagonista que recibe los consejos, el apoyo y la guía de los profesionales que tiene a su disposición.

Este proceso ha sido analizado por diferentes expertos definiéndose una serie de etapas por las que transitan los jóvenes: desinternamiento, transición e integración social; en este proceso se han descrito una serie de factores estabilizadores como son el empleo, una relación de pareja o la familia de la que provengan (Fernández del Valle, 2008). Además de éstos, otro de los factores determinantes para el proceso es una figura adulta que acompañe durante el proceso al joven hasta la madurez y emancipación completa en el denominado “itinerario de emancipación”.

Uno de los recursos más importantes en este proceso es el “piso de autonomía”, recurso temporal donde se cubre las necesidades básicas de vivienda y manutención durante un máximo de dos años de media y que permite y facilita el seguimiento por parte del educador.

Por otra parte, este proceso de emancipación exige un análisis del contexto social y un proceso de contextualización esencial, en el que resulta patente que, al obligar a los jóvenes tutelados a una emancipación forzosa al alcanzar la mayoría de edad, la Administración está exigiéndoles aquello que no se exige al resto de jóvenes que comparten su hogar con su familia biológica o con familias de adopción; esto es, mientras que los jóvenes tutelados por la Administración deben abandonar los centros o las familias de acogida a la edad de 18 años (21 en situaciones excepcionales) la media de emancipación de los jóvenes en hogares familiares en España supera actualmente los 28 años, una de las más altas en comparación con otros países europeos, superados únicamente por Portugal (Tabla 1).

Esto determina una importante diferencia en cuanto a la preparación, la educación, los estudios adquiridos y la madurez entre uno y otro caso. Por tanto, la sociedad a la que se enfrentan, la situación económica y laboral, y los desafíos planteados por la vida de manera independiente son los mismos en ambos casos; sin embargo, las capacidades, habilidades y herramientas disponibles para enfrentarse a ellos, son diametralmente distintas.

Por otra parte, la necesidad de una figura de apoyo adulta durante este proceso y el establecimiento de una continuidad a la emancipación de los jóvenes tutelados es una tarea esencial para la consecución de la independencia exitosa.

Distintos estudios realizados en países de la Unión Europea (Del Valle, 2008), así como comparaciones con proyectos llevados a cabo en Estados Unidos (Sala-Roca, Arnau, Courtney y Dworsky, s.f.) ponen de manifiesto la relevancia de este acompañamiento, así como el papel fundamental de una red de apoyo positiva y la actitud del joven de “querer ser normal” o las vivencias de cuidado y protección por parte de sus responsables en los centros.

Estos estudios establecen la vulnerabilidad derivada de cambios bruscos que causan inestabilidad y perturbación en los jóvenes incrementando sus posibilidades de conductas autodestructivas en la fase de vida adulta, conductas que pueden suponer un alto precio social e individual.

Al respecto de la importancia de los programas de transición a la vida adulta para jóvenes tutelados en centros de acogida, Salván Cabrera (2015) señala el importante papel de los pedagogos profesionales en las actividades educativas desarrolladas en los centros en los que residen estos jóvenes tutelados. Mediante su trabajo, un proyecto de innovación para este momento de transición se plantean una serie de estrategias cognitivas y emocionales que permitan a los jóvenes que se encuentran en edad de emancipación desenvolverse en la sociedad. Indica la importancia del establecimiento de relaciones de convivencia responsables y constructivas, potenciando valores como la solidaridad, la responsabilidad y la tolerancia para con los demás.

Un ejemplo comparativo de la transición de jóvenes tutelados a extutelados independientes establecido entre Estados Unidos y España reveló similitudes en cuanto al perfil de los jóvenes y a la edad de final de tutela (18 años, pudiendo alargarse hasta los 21 de forma excepcional), y a los mecanismos de apoyo en el proceso de emancipación (programas de vivienda transitoria y viviendas independientes, así como planes de gestión económica y apoyo a través de ayudas económicas) entre los dos países.

Sin embargo, existen diferencias que suponen puntos fuertes del sistema de Estados Unidos que podrían adaptarse para solventar las debilidades del sistema español, como por ejemplo, la disponibilidad total de los educadores cuando los jóvenes estadounidenses se trasladan a un piso asistido; o la diversificación en programas especializados para mejorar las competencias de empleabilidad que existe en Estados Unidos, así como programas especializados de apoyo a grupos con necesidades específicas (colectivo LGBT, padres jóvenes, enfermos mentales, etc.) o la extensión en el tiempo hasta los 21 años de los procesos de reunificación familiar (Sala-Roca, Arnau, Courtney y Dworsky, s.f.).

Los resultados muestran que, con el apoyo necesario, estos jóvenes alcanzan una aceptación sociolaboral y que, además, el grado de satisfacción personal, sus competencias, el modo de convivencia y la vida autónoma así como la madurez personal se hallan dentro de lo habitual en comparación con el resto de grupos. Sin embargo, ante la escasez de recursos de apoyo a estos jóvenes, se encuentran bajas expectativas de inserción laboral y social adecuadas.

 

Debido a esto, resulta de especial importancia la evaluación de los recursos disponibles y el buen uso de ellos para facilitar a los jóvenes extutelados este gran cambio en sus vidas (Stein, 2006).

Monserrat y Casas (2012) evalúan en su artículo la importancia de la educación de los niños tutelados y jóvenes extutelados en Europa, haciendo referencia al programa Young People from a Public Care Background (YIPPEE)  que trata de analizar los itinerarios educativos seguidos por jóvenes extutelados en distintos países de Europa, entre los que participó España. Destacan a este respecto el incremento de niños y jóvenes en acogimiento durante los últimos años, y sin embargo, los estudios sobre su educación, nivel de escolarización y perspectivas futuras son muy bajos.

Estos autores realizaron entrevistas recopilatorias de información durante los cursos académicos de 2008 a 2010 para evaluar la situación académica de este subconjunto de la población. Entre los datos más interesantes obtenidos, resalta el hecho de que a nivel educativo, suponen factores determinantes del fracaso escolar la situación de su entorno familiar, la inestabilidad, las carencias de diferentes tipos acumuladas y las etiquetas sociales impuestas.

Además, la mayoría de los entrevistados reconocieron que tanto ellos, como personas conocidas en su situación personal, optaban por dejar los estudios al finalizar el ciclo obligatorio o en su lugar, acceder a ciclos de formación cortos para poder buscar empleo, generalmente en construcción, restauración o peluquería. En lo referente a su vida privada en el momento de las entrevistas, las preocupaciones que los jóvenes extutelados refirieron con mayor frecuencia fueron los temas económicos y laborales, la falta de tiempo para estudiar y formarse y las responsabilidades familiares.

Cabe destacar que de los participantes en este estudio, aproximadamente la mitad de ellos residían en pisos asistidos para extutelados, que determinaban en sus vidas la estabilidad necesaria para desenvolverse de forma autónoma. Por otra parte, los jóvenes que habían convivido con familias de acogida seguían residiendo con ellos y aproximadamente un 30% restante vivían de forma totalmente independiente.

En cuanto a su relación con los familiares biológicos, la mayor parte de los entrevistados sufrieron durante su infancia y hasta su separación, abusos generalmente coincidentes con adicción a las drogas y alcohol de sus progenitores o trastornos mentales, muerte o abandono de uno de los cónyuges. Por otro lado, el disfrute del tiempo de ocio se encontraba asociado a las amistades establecidas en el centro de estudio más que a las creadas durante la residencia en el centro de acogida. En el estudio también se valoraban sus planes de vida futuros así como su mundo interior y sus expectativas.

Una de las conclusiones más interesantes extraídas de este estudio es la identificación de la población extutelada como uno de los grupos con mayor riesgo de exclusión social.

Finalmente, Oriol Granado (2013) establece el riesgo potencial que supone para estos menores tutelados un extutelaje sin ir acompañado de un correcto sistema de ayudas a los diversos niveles establecidos (económico, de vivienda, de formación, etc.). Debido al contexto especial en que han discurrido sus vidas al tratarse en muchas ocasiones de separaciones forzadas de sus progenitores por problemas de violencia familiar, abusos sexuales o desamparo, y la convivencia a continuación en centros de acogida especializados a cargo de la Administración, estos niños y jóvenes muestran de forma frecuente traumas y problemas psicológicos que deben tratarse de la manera adecuada.

Oriol Granado expone que, el hecho de enfrentarse completamente solos a una realidad nueva en la que deberán valerse por sí mismos sin ayuda, puede provocar que sus perfiles de desarrollo socioemocional y apego deficitarios, así como algunos de los perfiles delictivos se manifiesten en esta etapa de sus vidas, convirtiéndose en jóvenes delincuentes.

Por todo ello, resulta esencial el tipo de intervención que se realice en los centros a nivel de generar un ambiente emocional y psicológico estable, potenciar la empatía y favorecer la seguridad en el apego (López, 2006); así como facilitar en la medida de lo posible una estimulación positiva, dado que durante la infancia y la adolescencia, la enorme plasticidad cerebral determina las conductas en función de los estímulos que percibe del entorno (Siegel, 2010) moldeando su perfil para su etapa adulta (Gaviria, 2002).

Sin embargo, este ambiente no debería sufrir una escisión brusca y repentina al llegar a la edad a la que el Estado los considera adultos, sino que debería ser una separación paulatina y siempre recibiendo apoyos por parte de la Administración.

“Niño de centro”

Término con el que la sociedad etiqueta a un menor que es tutelado por la Administración e ingresado en un Centro de Protección de Menores. Incluye connotaciones negativas.

Centros de Protección

Son los establecimientos destinados al acogimiento residencial de un menor cuando la Administración asume su tutela y no se ha encontrado familia extensa apropiada que puede hacerse cargo de él.

Familia extensa

Es uno de los recursos que el Servicio de Protección de Menores pone en marcha antes de ingresar al menor en un Centro de Protección. Se trata de estudiar si el menor cuenta con familiares cercanos apropiados para su atención y cuidado.

Alemán Bracho, C. (2014).  Políticas públicas y marco de protección    jurídica del menor en España. Revista de Derecho Político, 90, 97-134.

Álvarez, E. y Bravo, A. (2014). Assessment of long-term outcome in child residential care.

Badeau, S. y Gesiriech, S. (2004). A child’s journey through the child welafre system. The Pew Commision on children in Foster Care, Washington.

Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos (FEPA). (2013). La emancipación de jóvenes tutelados y extutelados en España. Primera aproximación a los servicios de emancipación en los distintos territorios.

Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos (FEPA). (2014). Jornadas formativas y proyectos de emancipación de las plataformas sociales.

Fernández Del Valle, J. F. (2008). Young People’s Tranistions from care to adulthood. International Research and Practice.

Gaviria, S. (2002). Retener la juventud o invitarla a abandonar la casa familiar. Análisis de España y Francia. Revista de Estudios de Juventud, 56.

López, F. (2006). Apego: estabilidad y cambio a lo largo del ciclo vital. Infancia y aprendizaje, 29 (1), 9-23.

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Monserrat, C., Casas, F., Malo, S., Bertran, I. (2011). Itinerarios educativos de los jóvenes extutelados. Informes, estudios e investigación, Ministerio de Sanidad, Política social e igualdad.

Oriol Granado, X., (2009). Jóvenes delincuentes tutelados: perfiles delictivos, desarrollo socioemocional y apego. Tesis doctoral Universidad de Lleida.

Sala-Roca, J., Arnau, L., Courtney M.E., Dworsky A. (sin fecha). Programas y servicios para ayudar a los jóvenes extutelados en su proceso de transición a la vida adulta. Un estudio comparativo entre Chicago (Illinois) y Barcelona (Cataluña).

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